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El absurdo de por qué sobran y faltan funcionarios

Si escribe en Google ¿sobran funcionarios? encontrará miles de resultados en los que se entremezclan noticias y, sobre todo, multitud de foros, blogs y comentarios, fundados, menos fundados y algunos, hasta insultantes. Los empleados públicos están en el ojo del huracán al ser vistos como un colectivo muy nutrido e inmune a la escalada de paro que asola al común de los trabajadores.
Parece que cada vez que viene una crisis y las cuentas públicas se descalabran, lo fácil es meter tijera a los casi nunca bien vistos funcionarios. Y ya proliferan los primeros tijeretazos. En España, el Gobierno ha rebajado un 5% el salario de los funcionarios, va a reponer sólo una de cada diez vacantes, eliminará cien subdirecciones generales. Y no es de los más drásticos. En Reino Unido, David Cameron suprimirá casi medio millón de empleos públicos en cuatro años. Francia se ahorrará 34.000 puestos en 2011 al no sustituir la mitad de las jubilaciones, y Alemania reducirá 10.000 funcionarios del Estado y al resto les bajará un 2,5% el salario. ¡Ahí queda eso!
Sin embargo, frente a la idea extendida en el imaginario colectivo español de una Administración Pública  mastodóntica, sorprende saber, por ejemplo, que un reciente informe sobre las necesidades de personal en el Sistema Nacional de Salud presentado en el Senado estima en un 26% el déficit de pediatras, alerta de que muchas plazas de médico de familia se quedan vacantes y cifra en 122.400 las enfermeras necesarias para alcanzar la media europea de 800 profesionales por cada 100.000 habitantes –en España, el ratio baja a 530–. Y llama también la atención que el sistema público tenga que recurrir cada vez más a médicos extranjeros para cubrir huecos en un país que se encuentra entre los primeros del mundo por número de facultativos colegiados.

NI BLANCO NI NEGRO El debate exige tonalidades para no caer en el absurdo de caricaturizar una realidad muy compleja, que engloba a 2,6 millones de personas (Registro_de_personal_2010) entre la administración estatal, las 17 comunidades autónomas, los 8.116 ayuntamientos, las 51 universidades públicas y otros tantos organismos públicos como Renfe, Aena, el Icex o la Sepi. Una ristra de profesionales que va desde el funcionario de ventanilla al abogado del Estado, el inspector de Hacienda, el bombero, el policía, el maestro, el militar…
¿Son muchos o pocos? La tasa de empleados públicos en España es del 12,5%, menor que el 19% de Gran Bretaña y el 21% de Francia. Pero mayor que el 11% de Alemania. Pero ojo con las comparaciones, ya que en el país germano, por ejemplo, el personal sanitario no es empleado público, mientras que aquí una parte importante sí lo es.
“El desarrollo del Estado del Bienestar exige empleados públicos para la prestación de servicios. Todo depende de la estructura de derechos”, señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad  Rey Juan Carlos. En España, el 43% del total de los funcionarios y del personal laboral  trabaja en la sanidad –incluida la Administración de la Seguridad Social– y la docencia, dos servicios universales. Un porcentaje que sube al 50,3% si se suman las plantillas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad autonómicos, los jueces, los fiscales y el resto de personal de administración de Justicia en las Autonomías. “Y si se recortan gastos, afecta al servicio”, advierte Villoria.
Quizá la cuestión sea darle la vuelta a la tortilla y ver si la distribución de empleados públicos es la correcta, si los que son están donde deberían. “Las nuevas tecnologías han cambiado funciones y gracias a ellas, se han reescrito tareas. En la Administración General del Estado sería bueno revisar la dinámica de algunas funciones, porque la parte de abajo está sobredimensionada y no adaptada al cambio funcional”, reflexiona Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III. En los servicios burocráticos tradicionales de las tres administraciones se deberían eliminar ciertas duplicidades funcionales y hay un margen de maniobra, aunque sin olvidar que en autonomías y ayuntamientos la base administrativa es mayor por estar de cara al público. Pero incluso el propio sindicato de funcionarios lo reconoce. “No hacen falta tantos administrativos con las nuevas tecnologías, pero hablamos sólo de un 5% de los efectivos que se podrían recolocar”, puntualiza Domingo Fernández, presidente de CSIF. Este funcionario admite también que “se han inflado las plantillas en otras administraciones” por el aumento de competencias pero también “porque había dinero y se hacía sitio para colocar gente”.
Con la Ley Ómnibus, por ejemplo, no se necesita tanto personal público para la concesión de licencias y permisos administrativos, “pero exige reforzar la inspección”, matiza el profesor Villoria. Y aquí está el problema. “La parte de arriba de la Administración ni está sobredimensionada ni puede permitirse perder personal. No creo que sobren inspectores de Trabajo o de Hacienda, diplomáticos, abogados del Estado, interventores…”, añade el profesor Palomar. No es raro escuchar quejas de colectivos públicos  ahogados por la falta de recursos.

FUGA DE TALENTO Francisco De la Torre, portavoz de los Inspectores de Hacienda, ilustra que en la Agencia Tributaria trabajan 27.800 efectivos, mientras que en la francesa, cerca de 150.000 y en la británica, unos 140.000. “Hay bolsas de fraude a las que no podemos acceder porque nos faltan recursos. En la Administración Pública falta personal especializado y formación para adaptarse a una economía cada vez más compleja”, se lamenta. De los cerca de 2.200 inspectores, el grueso –el 68%– pertenece a la Agencia Tributaria. Pero he aquí lo sorprendente: cerca del 25% está en excedencia. “Las condiciones laborales y salariales son peores que hace unos años. Cada vez más, la carga burocrática recae sobre los inspectores y técnicos de Hacienda porque no hay personal auxiliar”, critica. Además, este colectivo se enfrenta a dos serios problemas: la plantilla envejece a pasos agigantados –la media es de 51 años– y por primera vez este año, se han jubilado más inspectores que nuevos han entrado.
Esta pérdida de talento  también se registra en otros colectivos. “Las enfermeras españolas están bien formadas y se las rifan, sobre todo, en Reino Unido, Portugal, Italia y Francia. Se van no tanto por las mejores condiciones económicas, sino por la estabilidad, ya que les ofrecen contratos de uno o dos años”, denuncia María José García, secretaria general de Comunicación del Satse, el sindicato mayoritario. Con una sorprendente tasa de abandono profesional del 10%, estas profesionales se quejan de que en España se dejan de cubrir puestos, sobrecargando al resto y mermando la calidad asistencial.
¿Más ejemplos? El 46% de los 651 abogados del Estado y un 13,7% de los fiscales están en excedencia. “Pasar a un bufete grande implica duplicar o triplicar su retribución de un abogado del Estado”, asegura Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá. Para este gran conocedor de la función pública – presidió el comité de expertos para preparar el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007–, se puede decir que, en general, faltan funcionarios superiores porque se ha aplicado de forma muy rígida la tasa de reposición. “Con los Gobiernos del PP se cubría una de cada cuatro bajas. El PSOE la subió al 100%, pero con la crisis, se va a reponer una de cada diez, salvo excepciones como en la Justicia”, dice.
Congelar la reposición es, como denuncian los propios funcionarios, una trampa. “Están a punto de inaugurarse dos o tres nuevas prisiones que requerirán más de 2.000 funcionarios nuevos. Si no salen plazas a concurso, se acaba recurriendo a interinos y esos significa precariedad”, denuncia el presidente del CSIF. Ante esta crítica, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública argumenta que “el Gobierno ha dictado medidas muy restrictivas para la contratación temporal” y que ésta se ha reducido un 32% en la Administración General del Estado.
Pero si se recurre a personal temporal  es porque no hay una planificación. “Aunque hay que estudiarlo caso a caso, ¡claro que los recursos no siempre están bien distribuidos! La Administración lo sabe pero le cuesta tomar las decisiones pertinentes”, exclama Sánchez Morón. La normativa regula que se elaboren planes de empleo “pero apenas se hacen. No se toman decisiones con criterios de eficiencia y racionalización”, añade.

DIRECTIVOS PÚBLICOS Para Rafael Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra y funcionario en excedencia, “la tendencia natural de la Administración Pública es tener más profesionales de primer nivel y menos con funciones instrumentales”. Pero es difícil atraer talento si estos funcionarios superiores, además de no contar con una buena remuneración, tienen un horizonte de carrera limitado. Y aquí surge otro punto negro: no existe una dirección pública profesionalizada. En la Administración General del Estado, de director general hacia arriba sólo se exige ser funcionario del grupo A1. “Es personal nombrado a libre designación por el político de turno, algo que nada tiene que ver con la meritocracia”, incide Villoria. Y en el resto de administraciones la situación es peor, porque no hay ningún control. Reclutar por mérito y capacidad, pedir responsabilidades y pagar por objetivos son requisitos contemplados, aunque de manera abstracta, en la normativa de 2007. Sólo hace falta querer ponerlos en marcha.
Llegados a este punto, el profesor Villoria afirma sin dudarlo que “la Administración española se ha quedado obsoleta y desfasada y hay margen para introducir mecanismos de mejora en un mundo en el que el único requisito de entrada es tener una titulación y aprobar una oposición”. ¿Cómo? Definiendo los puestos por competencias e introduciendo la evaluación por desempeño. Como afirma Juan Camprubí, socio-director de Accenture: “El problema no es la persona que atiende en la ventanilla, sino la organización de la función que presta. Es más importante definir  primero roles y funciones y después designar al personal. Igual vemos que se necesitan otros perfiles”.  Sin embargo,  aún no se ha constituido el Observatorio del Empleo Público –en el ministerio dicen que será en semanas– ni se ha avanzado en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

EL GRAN CALADERO El consenso es mayoritario al identificar el verdadero agujero de la Administración: el exceso de puestos de confianza y de empresas privadas de capital público. “Hay varios miles de ellas que provocan un déficit de casi 50.000 millones de euros”, denuncia el sindicato CSIF. Un magma de fundaciones y empresas públicas que no computa en las estadísticas oficiales y “que constituyen un sector público paralelo con controles muy laxos”, asegura el profesor de la Pompeu Fabra.
En Baleares, se llegó al punto de que este tipo de empresas controlaba el 80% de las inversiones del Gobierno. Y se dan paradojas como las del Ayuntamiento de Jerez , donde la oposición denuncia que la alcaldesa del PSOE contaba con 26 asesores con unos honorarios de 2,4 millones de euros, al tiempo que planteaba un ERE. La Comunidad de Madrid ha tomado nota y va a suprimir 19 entidades públicas, 76 órganos consultivos y dos consorcios.  Y el ministerio asegura que antes de final de año “racionalizará los representantes en estos consejos de administración”.
Aunque la crisis ha puesto en cuestión el modelo tradicional de función pública, se trata de realizar un proceso de innovación permanente. Imprescindible para reforzar una institución que nos sirve a todos.