Economía

Copago en sanidad, próxima estación

Escalón tras escalón, la economía española se ajusta. Felizmente ya pasaron los tiempos en que bastaba devaluar el valor de la peseta  para recuperar de un solo golpe la competitividad perdida. Ahora, el ajuste que recomponga el equilibrio financiero, sane los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria y recupere el crecimiento debe articularse como un proceso de ajuste generalizado, largo en el tiempo y doloroso para los agentes afectados, que serán todos.
Estamos –¡todavía!– en el  comienzo del principio: después de la contención de gastos e inversión pública, de la subida de los impuestos sobre el consumo, tras unos cortes de pelo en los gastos –mínimos respecto de la tarea que queda por delante– el Gobierno parece decidido a que las cajas de ahorro, antes de que termine el año, limpien sus balances de los diferentes créditos y activos inmobiliarios y ajusten sus cuentas de resultados mediante la reducción de plantillas y red de oficinas. También se ha comprometido a poner en marcha antes de que termine enero el  insostenible sistema de pensiones mediante el alargamiento del periodo de cálculo de la cotización, así como de la subida de la edad oficial de jubilación.

Estas operaciones de limpieza financiera y de rebaja de los beneficios sociales van a resultar de aplicación endiabladamente complicada. Primero, porque las autoridades autonómicas rechazarán dejar de cortar el bacalao en las cajas de ahorro de las respectivas autonomías. Segundo, porque la movilización sindical se polarizará en torno a un motivo y un objetivo mucho más claros que aquellos  de la fracasada huelga general de septiembre.
Con todo, y aunque las reformas ya en agenda resulten complicadas,  no serán las últimas: entre la niebla se vislumbra un iceberg de tamaño más que regular, nada menos que la otra gran pata, que junto a las pensiones, configuran el Estado de Bienestar: la sanidad pública y gratuita. Tal y como está planteado hoy, el sistema nacional de salud –más preciso sería hablar de los 17 sistemas autonómicos de salud– resulta insostenible. De hecho, da la impresión de que ya era un disparate en los buenos viejos tiempos del boom económico, cuando a todos nos salía el dinero por las orejas.
Porque en este tema de la sanidad, como en todos los grandes problemas, lo primero que se echa en falta es información. Nadie conoce el tamaño real de la fiera: el Estado transfiere cada año a cada comunidad una enorme cifra de dinero –42.100 millones en 2010, el 16 por ciento de los gastos del Estado– que cada una debe dedicar a Educación, Sanidad y otros servicios sociales básicos. A partir de ahí, todo es oscuridad, se sospecha –todos los conocedores lo hacen– que en todas las comunidades autónomas el sistema sanitario se come muchos más recursos. Pero cada quien sabe lo suyo, y desconoce el resto.

Quizás esté ahí el núcleo del asunto. Desde que en 2002 se procedió a transferir las competencias sanitarias a las autonomías que aún no las desempeñaban, el sistema nacional se quedó sin la coordinación que exige el sentido común y el respeto a la recta administración del dinero del contribuyente. Cada autonomía gasta lo que quiere, en lo que quiere, sin dar información ni cuentas a nadie. Donde una ofrece cuidado personal en domicilio, otra realiza trasplantes de sexo a costa del erario público.
Algunos ejemplos: las compras las hace cada comunidad por su cuenta, con lo que pierden la capacidad de negociación que daría una compra conjunta; el personal sanitario tiene restringida su carrera profesional a la autonomía donde trabaje porque cada sistema tiene su propio método de calificación profesional –salvo los fichajes estrella en el que un médico es contratado en otra comunidad saltándose sus propias regulaciones; a pesar de que todas las comunidades deberían tener un catálogo de servicios básicos comunes –a los que se tiene derecho por vivir en España– al día de la fecha ese derecho resulta una quimera; incluso en los servicios básicos que sí se prestan en todas las comunidades, en cada una se aplican diferentes protocolos médicos; por acabar el encarecimiento de los sistemas sanitarios no se debe tanto al envejecimiento de la población, como a los gastos de personal: cada español lleva un controlador dentro.
En esta situación, y dado que emprender una política de coordinación y homogeneización llevaría más tiempo del disponible, el copago parece la única salida  practicable en plazo útil. El primero que lo dijo fue Fernando Abril Martorell, q.e.p.d., en el Libro Blanco de la Sanidad que elaboró en los años ochenta, a petición del Gobierno. Ya entonces se veía necesario como elemento disuasor de una demanda que siempre se dispara cuando la oferta es gratuita. Pero la política tiene razones que el sentido común no comprende.