Economía

Por fin se meterá mano al entramado público

Tal y como prometió, Mariano Rajoy ha empezado a dar los primeros pasos para desmontar la maraña de empresas públicas. Ya era hora de que un Gobierno decidiera meter mano a esta cuestión,  pero metiendo mano de verdad, de manera distinta a como se ha hecho hasta ahora. El Consejo de Ministros de hoy ha presentado un informe para ver qué hacer con los más de 4.000 organismos, agencias y empresas públicas del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. O dicho de otra forma, de ir al meollo de la cuestión y remover esta confusa maraña de entidades que, en ocasiones, resulta difícil de identificar, incluso de decir para qué sirven. Un magma que fue creciendo al calor de la bonanza económica y que el tiempo ha demostrado que, en muchos casos, ha servido para pervertir la esencia misma de la Administración Pública. Casi cada día salen a la luz casos en los que estas entidades han servido de refugio para amiguetes del partido, para ocultar deuda de las administraciones o para saltarse los sistemas de control y actuar cual verso libre.

Los intentos hasta la fecha para terminar con descarado dispendio han sido tímidos y puntuales. Mariano Rajoy tiene la oportunidad, no sólo porque la crisis obliga –y el déficit ahoga–, sino porque el color azul hondea en la mayoría de comunidades y localidades. La casa pública necesita una ITV a fondo y urgente para acabar con ese dispendio que afecta a toda la geografía sin distinción de color político. Hay que racionalizarla, adelgazarla y hacerla más eficiente. Eso sí, el ejercicio exige grandes dosis de rigor y transparencia para ver cuáles podrían ser eliminados, con qué criterio hacer la poda, el ahorro que supondrán y el número de puestos de trabajo que se perderían. No sea que por el camino nos den gato por liebre y todo quede en una operación estética y en un baile de piezas donde sólo se cambie el envoltorio pero el fondo siga siendo el mismo. O lo que sería peor, que el recorte no se haga pensando en mejorar sino en descabalar la administración. Estemos atentos, pues. Y confiemos también que en los próximos paquetes de medidas anticrisis se aprueben medidas, pero de verdad, contra la otra gran lacra que nos azota: la corrupción. Y que caigan las cabezas que tengan que caer.

Mientras llegan más concreciones, en la revista Capital le ofrecemos un profundo y riguroso análisis que publicamos en el número de diciembre, con casos concretos y con expertos que opinan sobre este tema que nos debe preocupar a todos, porque a Administración Pública es de todos y para todos. Ahí va:

¡Fuera despilfarros! Toca podar la ‘casa’ Pública

Bien dice el refrán: de aquellos barros, estos lodos.  Y nunca mejor dicho cuando las administraciones públicas se ven incapaces de levantar cabeza, golpeadas por la resaca de la belle époque y la euforia económica de antaño. Cada día se descubre un capítulo nuevo en esta crónica del despilfarro, jalonada de megaproyectos de dudosa necesidad –y rentabilidad–, en los que las administraciones se metieron y que ahora nadie sabe qué hacer con ellos. Aeropuertos que se cierran. Tranvías con impagos tan abultados que veremos hasta cuándo seguirán circulando. Construcciones faraónicas semi vacías. Amenazas de quiebras y embargos a ayuntamientos, como el curioso caso  de Macael (Almería), que perdió la titularidad una plaza del pueblo por la deuda con la constructora.

Ésta es, de forma abreviada, la historia de escándalos y excesos que ha vivido España y que ahora van saliendo a la luz. Un relato que ha venido acompañado de una inflación en la administración pública, sobre todo en las autonomías, más allá de lo que la lógica justifica por el traspaso de competencias. Hablamos de asesores y cargos de confianza que han hinchado artificialmente las plantillas públicas. Y también de las funciones que desempeñan, que se han multiplicado como el milagro de los panes y los peces, dando lugar a solapamientos no sólo entre unas administraciones y otras sino incluso dentro de una misma institución. Y todo, arropado por una maraña de empresas públicas, fundaciones y entes que, en ocasiones, resulta difícil identificar para qué sirven. El presidente balear, el popular José Ramón Bauzá, cuenta que cuando se puso a hacer inventario de los consorcios heredados, cada día le salía un número: primero 99, luego 107…

Con la economía boyante, este entramado burocrático sobrevivía alegremente. Ahora, con la crisis asfixiando las ya maltrechas arcas públicas, han saltado las alarmas. La casa pública es un dispendio y necesita una ITV a fondo y ¡urgente! Nadie lo pone en duda. Todos hablan de la necesidad de adelgazar una administración desbordada o “elefantística”, como le gusta decir a Rosa Díez, presidenta de UPyD. Que si fusionar ayuntamientos y eliminar diputaciones (PSOE), que si reducir el número de entes públicos para aumentar la transparencia (PP), que si eliminar despilfarros, duplicidades y normas absurdas (UPyD), que si mejorar el control interno del gasto público (IU)…

Algunos ya se han puesto manos a la obra. El Gobierno central ha suprimido 189 órganos colegiados y 29 empresas públicas. El Ejecutivo cántabro ha reducido el número de consejerías y de altos cargos un 33%. Baleares ha suprimido 92 de las 176 empresas y consorcios que detectó. Y Navarra, el Consejo Audiovisual para ahorrar más de medio millón de euros.

Pero esto no ha hecho más que comenzar. Todavía quedan muchos sinsentidos que, dado lo intrincado del tema, cuesta identificar. Recordemos algunos datos. Las 17 comunidades autonómicas, más Ceuta y Melilla, suman 168 consejerías que se ocupan de diversos ámbitos temáticos y unos 2.000 entes –sin contar los organismos autónomos– con los que, en muchas ocasiones, se solapan. “Si de una autonomía dependen cinco entidades dedicadas a la promoción de la cultura, entonces ¿a qué se dedica el personal de la Consejería de Cultura?”, se preguntan en UPyD. Cosas parecidas se pueden decir de las corporaciones locales. Un ejemplo reciente está en Almería: el Ayuntamiento ha eliminado la concejalía de Turismo para ceder sus funciones –y los 400.000 euros de presupuesto– a la empresa municipal Almería Turística. Multipliquen ese ejemplo por el número que corresponda: en España hay 8.116 ayuntamientos y  3.722 entidades locales menores. Entre todos suman 68.286 concejales y 4.590 entes. Y a los solapamientos añadan los casos en los que, el  sentido común, les diga que esto de que todos quieran hacer de todo no nos lleva por el buen camino. ¿Es necesario que cada autonomía tenga su Instituto de la Mujer? Sólo el andaluz tenía el pasado año un presupuesto de ¡34,8 millones de euros! Mejor vayamos por partes, hurgando en las entretelas de esta casa de todos, llamada administración pública.

Un sector público paralelo y opaco En los últimos años, las autonomías y las entidades locales han ido levantando lo que algunos califican como un sector público paralelo: un confuso entramado de organismos autónomos, agencias, empresas públicas, fundaciones, consorcios… En total: más de 2.300 entes que dependen de las autonomías y unos 4.590, de los municipios. ¿De qué estamos hablando? De un totum revolutum que va desde entidades más o menos curiosas como la Fundación Centro de Promoción de la Artesanía Mezquita de Tornerías a otras como Puertos de Cantabria, pasando por centros de innovación como el Institut d’Investugació Aplicada de l’Automobil catalán. Y se dan situaciones como la de una institución que en menos de dos años ha mudado dos veces de denominación: en abril de 2010, la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales pasó a denominarse Instituto Andaluz de las Artes y las Letras. Y un año más tarde, éste se rebautizó como Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Curioso baile, ¿no?

El problema es que el sector empresarial público se ha convertido en un auténtico agujero negro. Las empresas públicas autonómicas arrastran una deuda de 17.962 millones de euros, según el Banco de España, y más de 9.000 millones las dependientes de las corporaciones locales. Solo los canales de radio y televisión autonómicos son un pozo sin fondo: acumulan 1.600 millones de deuda –la mitad es de una sola tele, la valenciana–.  Sumen a eso los canales locales.

“Hay que estudiar caso a caso, pero estoy convencido de que hay un enorme clientelismo vinculado a la falta de control y a la discrecionalidad”, señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Esta ausencia de fiscalización ha servido para que estos entes, en ocasiones, sean la vía de escape para eludir los sistemas de control: otorgar contratos a dedo o aparcar deuda.  ¿Recuerdan el caso del soterramiento de la M-30? El Ayuntamiento de Madrid utilizó una empresa mixta para no sumarse los 2.500 millones de la obra … hasta que Bruselas dijo lo contrario. En otros casos, estos entes públicos han servido para acoger a compañeros de partido o cobrar sobresueldos en forma de dietas. En Navarra, tras saberse que en 2010 se repartieron entre los consejeros –casi todos altos cargos de UPN, el partido gobernante– un millón de euros por dietas y sobresueldos por asistir a los consejos de las 13 empresas públicas, el Ejecutivo foral ha optado por suprimirlas. Eso sí, a modo de compensación, el Gobierno ha aprobado un “complemento de responsabilidad” para todos los altos cargos. ¡No está mal el apaño! Y algunas comunidades autónomas han empezado a meter mano y a fusionar empresas: Cataluña, Madrid, Baleares, Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha ya lo han hecho. Pero el margen de ajuste sigue siendo amplio. “¿Son inútiles los organismos o las funciones que desempeñaban? Porque sobre lo segundo a penas se está hablando”, reflexiona Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III.

 

Estados en miniatura “La pretensión de las comunidades es organizarse como un estado en miniatura”, se lamenta Miguel Sánchez Morón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá.  Además, el modelo autonómico no se ha sometido “a los saludables principios de simplificación y austeridad”, reseña estudio El coste del Estado autonómico, realizado por UPyD.

Prácticamente cada comunidad tiene su Consejo Económico-Social –el de Castilla León tenía un presupuesto de 2 millones en 2010–; su Instituto de Consumo –el castellanomanchego costó 10 millones el pasado año–; su Defensor del Pueblo o del Menor –el de Madrid cuesta en torno a 4 millones de euros–, su Consejo Consultivo, su Servicio de Meteorología, de Estadística… Incluso algunas, como  Madrid, Valencia y Cataluña, disponen de su Tribunal de Defensa de la Competencia. “Eliminar instituciones con respaldo estatutario es difícil, pero debería hacerse un estudio objetivo sobre su rendimiento institucional: qué réditos producen y a qué coste, para tomar medidas de ajuste”, reflexiona Rafael Jiménez, director de la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Es loable la misión encomendada a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid), que en los dos últimos años ha manejado un presupuesto de 15,8 millones de euros. Pero, ¿tiene sentido cuando ya existe la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo? Y lo mismo se puede decir del irrefrenable impulso de muchas comunidades por abrir sus propias embajadas en el exterior. La Junta de Andalucía cuenta con una oficina en Bruselas, que se suma a las catorce oficinas que tiene repartidas por el mundo la Agencia Andaluza de Promoción Exterior; Acc1ó, la homóloga catalana, ha abierto 34 oficinas internacionales, y PromoMadrid está presente en Estados Unidos, China, México y Brasil. “La lógica dice que las comunidades deben de ir de la mano del Estado, a través del Icex, aunque también hay que ver la relación coste-beneficio de ir por libre”, apunta Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG. Y seguro que no siempre la ecuación es positiva.

Diputaciones ¿partidistas? Las diputaciones han cobrado un protagonismo insospechado desde que el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba propusiera suprimirlas por un Consejo de Alcaldes para ahorrar mil millones de euros y unos mil cargos. ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Un disparate?

Al margen de su reconocimiento constitucional, tradicionalmente, las diputaciones han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de las provincias y siguen prestando asistencia técnica y económica a los pequeños municipios, que carecen de recursos, de personal cualificado y de economías de escala. Si se suprimen, o se promueven fusiones entre ayuntamientos o las comunidades deben cargar con ese tutelaje.

Pero no se confundan. El problema de verdad de las diputaciones es otro. Con el paso del tiempo, éstas instituciones han pervertido su papel instituciona, de auxiliadores de los municipios a “desarrollar una labor de clientelismo político: ayudar a los alcaldes del partido a ganar las elecciones”, señala tajante el catedrático Villoria. Como él, muchos apuntan que las diputaciones –quizá no todas, pero sí muchas– se han convertido en una especie de brazo armado de los partidos políticos, haciendo un uso extensivo de la designación de personal de confianza, para entendernos, los que han sido puestos a dedo. El gran atractivo que presentan estas instituciones para los partidos es contar con jugosos recursos económicos. La Diputación de Barcelona, por ejemplo, es la tercera institución en Cataluña por volumen presupuestario, con 661 millones de euros.

Pero sigamos adelante, y analicemos otras capas superpuestas. ¿Tiene sentido que en muchas provincias convivan una delegación del Gobierno, otra autonómica y una diputación? “Ni que decir tiene que esta densidad institucional sobre un mismo territorio es, a todas luces, disfuncional”, asevera el profesor Jiménez. Su colega Francisco Velasco, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, ahonda en el perverso flujo que ha generado la creación de las delegaciones provinciales “En lugar de dar directamente el dinero a las diputaciones, se han creado grandes oficinas para manejar el sistema de subvenciones en oficinas intermedias”, argumenta. Un ejemplo: Galicia. ¿Qué razón había para mantener nutridas delegaciones provinciales de la Xunta en Vigo o A Coruña,  ciudades que están a poco más de una hora de coche de Santiago? En 2009 Alberto Núñez Feijó pareció no encontrarla y redujo de 52 a 5 los representantes provinciales para ahorrarse así 15 millones de euros en la legislatura.

¿Fusionar ayuntamientos? Otra de las medidas estrella de la campaña ha sido fusionar pequeños ayuntamientos, un fenómeno vivido en Reino Unido, Italia y Alemania.  “Un municipio por debajo de los 20.000 habitantes, no es económicamente viable ni eficiente”, señala Ramón Marcos, diputado en el Asamblea de Madrid por UPyD, la formación que más empeño ha puesto en promover la concentración municipal para ganar economías de escala. En España hay más de mil pueblos con menos de 100 habitantes. Pero, ¿por cuál empezamos? Como advierte el profesor Palomar, una decisión de este tipo es “técnicamente sencilla, pero políticamente compleja”. Otra alternativa es mancomunar servicios, como la recogida de basuras, los polideportivos y las bibliotecas, entre pueblos cercanos, aunque ahí no ahorra en concejales, secretarios e interventores como con la fusión.

El otro sempiterno debate gira en torno al número de cargos locales. Los 8.100 alcaldes y 68.286 concejales que tenemos, ¿son muchos o pocos? “El número en sí mismo no es un problema. Sí lo es saber si cobran o no y cuánto cobran”, añade Velasco. Es cierto que en muchos pequeños pueblos, la retribución pública es simbólica o inexistente, pero también lo es que muchos regidores superan con creces los 78.184 euros que gana el presidente del Gobierno. Además el sistema no deja de ser un poco perverso: ¿quién fija su sueldo? El propio pleno municipal. O sea, ellos mismos.

Reasignar competencias Si algo bueno tienen las crisis es que aceleran la toma de decisiones. Eso es lo que ha pasado en Madrid con la recién creada Comisión para debatir las competencias duplicadas entre los ayuntamientos y la Comunidad. De ahí se espera que salga una reasignación de tareas de forma que, como dice el catedrático Francisco Velasco, “cada administración se encargue de aquello en lo que es mejor”. Es decir, sea más eficiente. Sin embargo, movidos por la prisa –o por otros motivos–, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid no han querido esperar a los resultados del debate regional y han abierto una línea paralela de negociación para ver cómo repartirse materias hasta ahora compartidas. De momento, el Consistorio se ha salido de la gestión del metro y la Comunidad le va a traspasar las bibliotecas que tenía en la capital, con sus más de 400 funcionarios. ¿Qué será lo próximo? Es probable que haya también una reasignación del servicio de emergencias, el Summa112 (Comunidad) y el Samur (Ayuntamiento). ¿No hay más solapamientos? Hombre, promoción y alquiler de la vivienda y servicios de empleo parecen tocarse bastante. El ayuntamiento tiene ocho oficinas de la Agencia para el Empleo en la ciudad y la Comunidad, 19 Oficinas de Empleo de las 42 que tiene en la región. Y en vivienda, el Consistorio tiene la Oficina de Información de la Vivienda y el Servicio Municipal del Alquiler y el Gobierno regional, la Oficina de Vivienda y el Ivima.  Y seguro que hay mucho más ejemplos.

Pero, ¿cómo detectar las competencias duplicadas, concurrentes…? Y la pregunta del millón, ¿podríamos ahorrar mucho o poco si se eliminasen? “Identificarlas requiere un estudio empírico que nadie ha hecho hasta la fecha. Hay trabajos fragmentados y muchas intuiciones, pero pocas concreciones”, dice el profesor Jiménez. Mal empezamos.

El Gobierno de Zapatero encargó un estudio del tema a primeros de año y no se ha vuelto a saber nada. El único ejercicio serio hasta la fecha es el Informe sobre duplicidades e ineficiencias del Gobierno vasco en septiembre. Conclusión: 403 millones de euros en partidas presupuestarias “sin amparo normativo” en nueve áreas: servicios sociales, empleo y formación, impulso económico, vivienda, medio ambiente, agricultura, educación, cultura o transportes. El análisis desveló que las duplicidades se dan en un 20% a nivel municipal; en un 30% en el Gobierno, y en un 50% en las diputaciones. Y eso que dos de ellas –Álava y Vizcaya– no quisieron participar y Guipuzcoa, lo hizo sólo en transportes. Los 403 millones detectados equivalen el 75% del presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao y a la totalidad de la Consejería de Industria, Innovación Comercio y Turismo. Y de reasignarse las atribuciones, ¿se obtendría un ahorro equivalente? Tampoco, pues, como advierte el documento, “esta cuestión está sujeta a otros parámetros como la eficiencia en la gestión de los recursos”. Vayamos a ello.

Ganar eficiencia Si eficiencia es hacer lo mismo con menos recursos o hacer más con los mismos, ¿no convendría primero revisar las tripas de la administración pública antes que tener que recortar los servicios que presta? Como apunta Cándido Pérez, de KPMG, las posibilidades para mejorar (y ahorrar) son muchas: crear centros de recursos compartidos; realizar una verdadera gestión de recursos humanos; diseñar una política inmobiliaria para acabar con la dispersión de edificios… ¿Cómo es posible que un hospital pague el doble que otro por el mismo medicamento? Con una central de compras esto no pasaría, ¿por qué no se aplica?

Pero es difícil mejorar la eficiencia si en la función pública persiste una perversa lógica: “Nadie rinde cuentas ante nadie“, denuncia el catedrático Velasco. Por eso, lo primero, como insiste el profesor Sánchez Morón, es “mejorar los controles internos y la profesionalidad de los cuadros altos, apostando por una gestión pública profesionalizada y no politizada como ahora hay”.

Más cosas. “Si los bancos han recurrido a la tecnología para reducir su presencia física y ganar eficiencia, ¿por qué no puede hacerlo la administración pública?”, se pregunta el profesor Palomar. El desembarco de la administración electrónica no sólo facilitaría la vida al ciudadano, sino que, por ejemplo, “permitiría replegar gran parte de la red territorial del Servicio Público de Empleo, de la Seguridad Social y de Tráfico”, se responde. Y así se podrían seguir enumerando casos hasta (casi) el infinito.

Parece evidente que en la administración pública, hoy más que nunca, la política necesita ir de la mano del rigor, la evaluación y, por qué no, del sentido común. Al nuevo presidente, Mariano Rajoy, le toca dar ejemplo y llevar a la práctica la regeneración de la que tanto ha hablado en campaña. Y el hecho de que el grueso de las autonomías y ayuntamientos vistan el color de su partido hace pensar que lo va a tener, a priori, algo más fácil para impartir órdenes. Pero la oposición debe, no sólo vigilar que el Ejecutivo lo haga, sino contribuir con propuestas. No sea que al final, las buenas intenciones se queden solo en un lavado de cara y, al final, los cimientos de la casa pública terminen por resquebrajarse por exceso de peso.