Economía

Que nos digan (los políticos) en qué se gastan nuestro dinero

No pertenezco al colectivo de los indignados, pero no porque no me sienta como tal, la verdad. Y es que el volumen de escándalos políticos que están saliendo a la luz en España es más que indignante. Es de vergüenza. Hace unos días estuve en Sevilla y, de las conversaciones que mantuve con empresarios y directivos de diferentes ámbitos, saqué la impresión de que allí, quien más quien menos, se olía lo que se estaba cociendo en el escándalo de los EREs que salpica a los socialistas de la Junta de Andalucía. Vamos, que era casi vox populi. Y, por lo que cuentan, todavía no ha salido a la luz ni la mitad de la mitad de lo que se ha estado cocinando en esa región.  El problema es que no es solo Andalucía. La corrupción y todas sus variantes  –malversación, apropiación indebida, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias…– han campado a sus anchas en España estos años atrás de vino y rosas, cuando el dinero fluía alegremente en ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, comunidades autónomas… hasta el yerno del Rey. En fin, no sé ustedes, pero una asiste atónita a tanto desvarío y, viendo las noticias diarias, se pregunta irónicamente si, dado el volumen de escándalos, no convendría que los medios de comunicación crearán una sección específica, al estilo de deportes o nacional, para cubrir estos desatinos.

Así que aplaudo el anuncio del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de exigir responsabilidades penales a los políticos que incumplan sus objetivos de déficit. Pero, aunque acertado, no me parece suficiente esta medida. Porque aunque una primera vara de medir para limpiar el trigo de la paja podría ser el detectar si una  administración gasta más de lo que debe –o de lo que tiene, por serguir la línea argumental del Gobierno- eso no nos da información sobre cómo se lo están gastando: bien o mal.  Porque puede estar despilfarrando el dinero en cosas menos relevantes. Y eso, el despilfarro del dinero público, creo que debe ser severamente castigado.

No hay olvidar algo básico: los gestores públicos manejan el dinero de los ciudadanos y tienen la obligación de ser no solo gestores, sino buenos gestores. Y para que sepamos si actúan como tal, necesitamos saber en qué y de qué manera se gastan nuestro dinero. Sí, estoy hablando de imponer en España una mayor transparencia a las administraciones públicas. Que la información sea pública, que quien quiera pueda acceder a ella y conocer detalles concretos sobre el gasto de los fondos públicos.  Por eso me gusta la iniciativa del Gobierno de Navarra, con su Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, para que, con algunos límites lógicos, los ciudadanos tengan acceso a datos pormenorizados del gasto público foral. Es erdad que para llegar aquí ha tenido que llover mucho –recuerden la polémica sobre los sobresueldos de los políticos navarros– pero esto es mejor que nada. El Gobierno de Mariano Rajoy, que prepara una ley similar de ámbito nacional –¿sabían que en el mundo hay ya 90 países con leyes de este estilo? ¡Hasta Brasil acaba de incorporarla!–,  debería tener en cuenta este modelo y, si es posible, ir más allá. Y apunto una idea: aunque sé que el Reino Unido no es un buen modelo  –recordarán ustedes el escándalo en 2009 de los lores y diputados–, lo cierto es que hoy  han llegado a un alto grado de transparencia.  Y como ejemplo, aquí les dejo un código en el que pueden consultar los gastos –y los motivos– uno a uno de los taxis, vuelos, hoteles o comidas del actual alcalde de Londres. ¿Se imaginan eso en España? Dudo que muchos alcaldes sepan ellos mismos ese detalle de sus gastos.