Economía

¿Vender lo público asegura mayor eficiencia?

Es uno de esos carteles que, desde que comenzó la crisis, forman parte del paisaje español colgando en miles y miles de balcones: “Se vende”. Pero en el mismo no aparece ningún número de teléfono. En su lugar se puede leer lo siguiente: “Oportunidad de negocio. Consejería de Sanidad”. ¿Dónde está situado? En la entrada de un centro de salud radicado en la madrileña localidad de Pinto y que podría ser uno de los 27 cuya gestión la Comunidad de Madrid tiene previsto privatizar junto a la de otros seis hospitales.

Una fiebre vendedora a la que no está siendo inmune ninguna de las administraciones públicas: el Ministerio de Fomento abrirá AENA, el operador público de aeropuertos, a la entrada del capital privado; la Generalitat Valenciana ha puesto a la venta la Ciudad de la Luz; la Diputación de Salamanca privatiza el mantenimiento de las carreteras provinciales; el ayuntamiento de Jerez de la Frontera hace lo propio con el servicio público de agua…

005

Ejemplos de una plaga privatizadora que se expande a pasos agigantados a causa de un virus llamado caída de ingresos y deuda desbocada. Ni más ni menos que 913.602 millones de euros para el conjunto de las Administraciones Públicas a febrero de 2013. Una cifra que asusta todavía más si tenemos en cuenta que, en términos de PIB, equivale al 86,9% del mismo. Y a finales de 2013 podría superar el 99%. Todo un récord.

 

CURA DE ADELGAZAMIENTO. “La venta permite hacer caja para reducir deudas”, señala Rafael Pampillón, profesor de IE Business School y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo-CEU. Un ejemplo: desde 1996, y hasta 2011, el Estado ha vendido total o parcialmente su participación en el capital de 62 empresas. En determinados casos, no ha sido de una sola tacada, sino de manera fragmentada, por lo que el número de operaciones asciende a 74. ¿Traducido a euros? 33.949 millones en términos corrientes. Pero si hablamos de términos actualizados, a diciembre de 2011 esa cifra se elevaría a 48.422 millones de euros. “Además de para obtener liquidez, las privatizaciones sirven para adelgazar parcialmente el peso del sector público en la economía”, matiza Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Una cura de adelgazamiento cuyos resultados no están siendo satisfactorios porque el sector público no para de crecer (a mediados de 2012 su número era de 2.677 empresas, 127 más que en 2011). Incluso, en el caso de comunidades autónomas y administración local, ya presenta claros signos de obesidad. Desde 1998, y hasta mediados de 2012, las CCAA han multiplicado por dos el número de entidades públicas (de 455 a 975), mientras que consistorios y otras entidades de ámbito local lo han hecho casi por cuatro (de 465 a 1.459). Todo ello sin incluir a organismos autónomos, consorcios, agencias y fundaciones (7.450 solo en poder de los ayuntamientos).

“Mientras nosotros destejíamos reestructurando y privatizando empresas públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos lo que hacían eran tejer compañías públicas”, resalta Ignacio Ruiz-Jarabo, ex presidente de la SEPI y socio director del bufete Carrillo & Ruiz-Jarabo Abogados. Lanas con las que se han cosido trajes de más y demasiado caros. Un ejemplo: si en 2002 en la Comunidad de Madrid existían 20 hospitales públicos, una década después esa cifra aumentó en una docena, es decir, un 60% más. ¿Es posible mantener 32 hospitales públicos en una comunidad autónoma como la madrileña en época de crisis? Casos como este son los responsables de que, desde que estalló la crisis en 2008 y hasta 2011, haya aumentado en casi 5.400 millones de euros la deuda de las empresas públicas de las autonomías alcanzando los 15.500 millones de euros (un 7,2% más).

 

CUESTIÓN DE EFICIENCIA. Al traspasar al sector privado empresas del sector público, además de generar cash a corto plazo, otro de los objetivos que se persigue es que dicho sector gestione mejor las mismas y que sean más eficientes. “En telecomunicaciones [caso de Telefónica] fue muy positiva porque hubo privatización y liberalización. Porque privatizar sin liberalizar te lleva a un deterioro”, destaca José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney. ¿Y qué ocurre si no se cuenta con la presión de los competidores? “Es posible que la privatización no conlleve un mejor funcionamiento, sino que será un recurso financiero a corto plazo”, apunta Lluis Torrens, gerente del Public-Private Sector Research Center del IESE.

graficocapital

Pero no siempre se consigue dicha meta. “La privatización no asegura el incremento de la eficiencia. Sobre todo cuando no se plantea bien o cuando existen problemas de fondo que no quedan bien resueltos desde un principio”, puntualiza Juan Ramón Cuadrado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá de Henares y ex presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP).

Los casos de Babcock & Wilcox y de Aerolíneas Argentinas son dos claros ejemplos. “Adquirir la aerolínea de bandera de otro país fue una barbaridad. Esa compañía nunca debió de ser pública”, argumenta el ex presidente de la SEPI. Y añade: “Con su venta [un dólar, en teoría, la asunción de 600 millones de dólares de deuda, en la práctica] le quitamos un dolor de cabeza al Estado español y las pérdidas”.

A nivel internacional, el caso más reseñable de que el remedio en ocasiones es peor que la enfermedad (en cuanto a eficiencia) es el de los ferrocarriles británicos. Cuando el gobierno de John Mayor los privatizó en 1994 aseguró que el mercado y la libre competencia garantizarán mejoras en todos los servicios. Casi dos décadas después, ni se han mejorado los servicios, ni se han reducido los costes. Es más, el sistema de franquicias que se implantó incluía una batería de subvenciones públicas para garantizar el servicio en líneas casi imposibles de rentabilizar. ¿Resultado? Si entre 1990-1994 costó unos 2.400 millones de libras (2.900 millones de euros) al erario público, entre 2007-2011 esa cantidad se ha disparado hasta los 5.400 millones de libras (6.500 millones de euros). Dicho de otra manera: la privatización al contribuyente le cuesta unos 1.200 millones de euros al año.

La pregunta es: ¿se puede hacer una gestión eficiente del sector público? “Sí se puede, pero al no tener la disciplina del mercado, esperan a que les venga el subsidio a fin de año. En España hay demasiadas empresas del sector público con pérdidas y no se les corta el grifo”, advierte Mauro Guillén, director del Joseph H. Lauder Institute de la Universidad de Pensilvania. ¿Y qué sucede cuando se pone en manos privadas algo público que funciona bien? “Se está renunciando a mejorar la función pública”, manifiesta el presidente de AFI.