Economía

¿Se tambalea la dependencia?

Nosotras. Es la palabra que más repite Palmira Castellano. Para ella no existe la primera persona del singular aunque hace años que se separó. En su boca siempre está su hija, de 25 años. Se llama Sara y tiene síndrome de Lennox-Gastaut, una forma de epilepsia difícil de tratar. “Es como una niña, es verdad que no tiene hipertrofia, que anda, pero no tiene conciencia del peligro y sufre ataques puntuales”, cuenta Palmira con el mayor de los cariños.

Álvaro, de 16 años, y Nacho, de 10, son hermanos y padecen Tay-Sachs, una enfermedad rara, de carácter hereditario, que afecta al sistema nervioso central. Es una enfermedad incurable, que se desarrolla con el tiempo y que, desde que brota, no supera la esperanza de vida de cinco años. “Mi mujer y yo peleamos a diario por la vida de dos de nuestros tres hijos”, confiesa con impotencia José Luis Gómez-Ocaña.

Sara, Álvaro y Nacho son grandes dependientes y necesitan 365 días al año a sus padres –que presiden las plataformas de afectados de Valencia y Castilla-La Mancha–. También eran grandes dependientes Manuel y Amparo. Manuel, asturiano, estaba perfectamente hasta que, en agosto de 2010, sufrió un accidente cerebro-vascular que le dejó inmovilizado. “Necesitaba de todos los cuidados y mi madre fue la que soportó una dedicación de 24 horas hasta que falleció en julio de 2012. Tenía 67 años”, recuerda con dolor su hijo, José Álvarez. Amparo, madrileña, ingresó a los 89 años en una residencia privada porque la atención que requería no podían dársela en casa. “Fue duro, pero era lo mejor para ella”, confiesa su hijo Joaquín García.

Estos testimonios contados con nombres y apellidos son sólo cuatro historias que deshacen la frialdad de las cifras, esas que ponen de manifiesto que hoy en España hay casi un millón de dependientes reconocidos, es decir, de personas que necesitan de un tercero para realizar las actividades básicas de la vida diaria. La dureza de los calificativos que despiertan estos ejemplos contrasta con los adjetivos positivos que acompañaron a la Ley de Dependencia cuando nació, el 1 de enero de 2007. Entonces, pese al dramatismo de las historias que había detrás, las palabras ilusión, esperanza y justicia llenaron la boca de miles de familias que se sentían olvidadas.

Los dos grandes partidos dejaron a un lado las diferencias y pronto fue bautizada como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. El Gobierno reconocía que los ciudadanos sumaban a la educación, la sanidad y las pensiones, el derecho a ser atendidos si no podían valerse por sí mismos porque la edad, la enfermedad o un accidente se lo impedía. Suponía dar un paso más en los servicios sociales y avanzar hacia las políticas sociales nórdicas.

El sentir era general: estábamos ante un reconocimiento necesario que una España próspera como la de entonces podía y debía permitirse, más teniendo en cuenta que somos uno de los países más avejentados del mundo.

En aquel momento, sólo unas pocas voces críticas se atrevían a pedir más tiempo para que la implantación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) fuera la correcta teniendo en cuenta su complejo modelo de financiación a tres bandas (Estado, autonomías y usuario) y su complicado engranaje: formación de evaluadores que reconocieran a los solicitantes, baremos para medir la gravedad y adjudicación del servicio (residencia, centro de día, centro de noche, teleasistencia o ayuda a domicilio).

Además, la ley incorporaba, de forma excepcional, el reconocimiento del familiar en la sombra, del cuidador informal (normalmente, cuidadora), a través de una prestación económica de hasta 520 euros y del derecho a cotizar en la Seguridad Social.

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Seis años y medio después, 748.000 personas se benefician de la Ley de Dependencia a través de un servicio o una paga, mientras 213.000 ciudadanos pelean administrativamente para hacerlo cuanto antes porque tienen reconocido el derecho.

Pero el contexto económico actual nada tiene que ver con el de 2007. Los recortes de todas las Administraciones Públicas se han acumulado desde mayo de 2010. Ese mes, el Gobierno de Zapatero eliminó la retroactividad de los seis primeros meses, es decir, el derecho a cobrar los atrasos.

Si una fecha está marcada en negro es julio de 2012. Hace un año, se anunciaron los principales ajustes y, según lo comprometido con Bruselas, superarán los 1.100 millones en 2013, una cifra preocupante si tenemos en cuenta que, grosso modo, se destinan a la ley 6.000 millones –Sanidad reconoce que no hay una cifra cerrada por la complejidad de su financiación–. Además, hace tiempo que la sintonía política pasó a la historia y “los momentos difíciles” entre Estado y comunidades, incluso del mismo color, han sido frecuentes porque los Gobiernos autonómicos han acabado asumiendo el grueso del coste.

¿Se tambalea la Ley de Dependencia? ¿Corre el riesgo de caerse antes de levantarse del todo? ¿Puede España permitirse esta ley hoy en día? ¿Hay alternativa?

Para analizar cómo está en la actualidad la norma hay que partir de una premisa: todos defienden su espíritu, no hay nadie que abiertamente diga estar en contra. Sin embargo, las voces críticas en relación a su desarrollo, los recortes y la incertidumbre futura son muchas y han eclipsado las bondades logradas en estos años.

El Gobierno de Rajoy es el único agente implicado que, tras cuestionar la gestión socialista, defiende que, con los ajustes acometidos en los últimos meses, la Dependencia hoy es viable. “Sigue siendo una prioridad. Hemos hecho sostenible el sistema con las mejoras que hemos establecido.

La ley se ha salvado por dos razones: porque hoy sigue habiendo igual catálogo de servicios y prestaciones y porque la hemos reconducido financieramente”, defiende el director general del Imserso, César Antón.

Los afectados, por su parte, denuncian que estamos ante un retroceso evidente que pone en cuestión su futuro si las políticas no cambian. Algunos alertan de que durará el tiempo que vivan los beneficiarios. No más. “Estamos ante una ley desvertebrada, que se ahoga”, critica el presidente de la Asociación de Afectados de Asturias, el abogado Alberto Zurrón. Más dura es la denuncia del presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez: “Se está derogando de manera encubierta. El Ejecutivo la está desmantelando y la está dejando morir. Se ha suprimido el derecho a 162 personas al día desde que gobierna Rajoy”.

Entre el optimismo oficial y el pesimismo del usuario se encuentran las advertencias del sector. “Se está poniendo en peligro. No se puede hablar de un derecho universal y dejarlo al albur de los Presupuestos”, avisa José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).

Veamos el porqué de estos argumentos tan dispares. El Ejecutivo “ha reconducido financieramente la ley” a través de una serie de ajustes que no han dejado a nadie a salvo.

Dependencia4La Administración ahorró sus primeros 238 millones eliminando una de las partidas con las que ayudaba a las autonomías a financiarla, el llamado nivel acordado.

Los usuarios, que desde que entró en vigor la ley asimilaron el concepto de copago en función de su renta –y, después, de su patrimonio–, pronto recibieron la noticia de que les iba a tocar pagar más: ni más ni menos que 339 millones. Hasta ahora, su aportación se situaba entre el 8 y el 10% (600 millones), pero está previsto que aumente hasta el 15% –un 50% más–. De hecho, el copago (a excepción de quienes cobran menos del Iprem, 532 euros) puede llegar al 90% en algún caso, denuncian los afectados.

El cuidador informal, que acumula el 44% de las ayudas, tampoco ha sido ajeno a la tijera. La ha vivido por partida doble. Por un lado, Sanidad prevé ahorrar 289 millones con el recorte de su paga un 15% y, por otro, ha visto desvanecerse su derecho a cotizar. Si quiere hacerlo tiene que pagárselo, después de que Sanidad haya denunciado que el PSOE dejó un agujero de 1.034 millones en concepto de cotizaciones que prometieron y no abonaron a la Seguridad Social.

También los dependientes moderados, que aún no reciben servicios y estaba previsto que entraran en el sistema entre 2011 y 2013, lo han notado. Se retrasa su entrada hasta 2015, lo que ahorrará 150 millones. “Primero hay que atender a los que más dependencia tienen”, justifica Antón.

Los afectados denuncian todos estos cambios y que hay más de 213.000 personas con el derecho reconocido que no lo cobran o que las listas de espera se han reducido expulsando a gente del sistema. También cuestionan que los derechos no son los mismos en función de dónde vivas. Castilla y León y País Vasco son las CCAA que sacan mejor nota y Valencia, Canarias y Baleares las que obtienen peores resultados.

Los empresarios de los más de 2.400 centros residenciales también hacen responsable a la Administración de parte de sus males. Le recuerdan que crearon unas expectativas que no se han cumplido y critican que se reconociera al cuidador. “Es el principal error, el cariño es tremendo, pero no tienen formación”, apunta Javier Romero, director general del Grupo Amma.

Además, cuestionan que no se aprobara un sistema de acreditación de los centros –que les obligue a pasar un examen– y que la Administración pague igual sin importar la gravedad del usuario.

Los precios son su otro quebradero de cabeza. Aunque para muchos particulares siguen siendo muy altos –hay quien está sacando a los mayores de las residencias para contar con su pensión–, la crisis los ha tirado a la baja, lo que ha apretado al sector. “El coste medio de una plaza residencial es de 70 euros por persona y día y las Administraciones pagan unos 54”, recuerda Alicia Azaña, secretaria general de Aeste, asociación que aglutina el 25% del sector privado. Siempre y cuando las Administraciones paguen. “Son morosas”, denuncia Echevarría para reconocer que ha habido una mejora con el Fondo de Liquidez Autonómica y la Ley de Pago a Proveedores.

Pero el balance es negativo. Han cerrado 400 centros y se pierde empleo a pasos agigantados, admiten mientras recuerdan que su sector es de los pocos que “crea empleo por ley” y tiene un retorno rápido en las arcas públicas.

Con este escenario, ¿hacia dónde vamos? El Gobierno está convencido de que, una vez superados los Presupuestos de 2012 y 2013, la ley está sana o, cuando menos, salva. “Si hay que reconducir algo en algún sentido a final de año para que la Dependencia siga en pie, se hará”, reconoce Antón.

Mientras, hay quien, como Romero, considera que su supervivencia pasa por “la apertura hacia lo socio-sanitario para lograr una mayor eficiencia en el gasto público” o quien, como Azaña, cree que “se da una involución hacia los servicios sociales de antaño”.

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También hay quien ve que nos encontramos ante un proceso de privatización incipiente. “Estamos ante la puerta de entrada al cheque servicio dependencia: se comprarán o pagarán servicios que proporcionarán empresas privadas acreditadas por la Administración. Hay una entrada de aseguradoras en el reparto del pastel”, denuncia Jaume Esteban García Vilar, responsable de la Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de la ley. En la misma línea, Ramírez critica que “la protección social será sustituida por un subproducto financiero (plan privado) para quien pueda pagarlo”. Para Gómez-Ocaña, detrás, hay ideología.

Entretanto y no sin certidumbre, Palmira reclama que se estudie a cada familia. Ella dejó de trabajar hace años para atender a su hija y como Sara, por edad, va a un centro de día, ya no recibe la ayuda que tuvo como cuidadora cuando iba a un centro de atención especial. José Luis, que es profesor, y su mujer, que tampoco trabaja, cobraban 520 euros por niño, pero hoy reciben 440 euros y las medicinas han subido.

José se lamenta de que “una ley tan necesaria e imprescindible” no haya existido para ellos, mientras lucha en los tribunales porque se le reconozca un derecho que a la familia de Amparo, aunque también tarde, sí le ha llegado. Joaquín cuenta que, tras un calvario de papeleo, hace tres meses recibieron los 8.000 euros que les correspondían. Pero hay una voz común: “Todos somos futuros dependientes”.