Economía

Negocio al calor de las preferentes

Busco abogados baratos y legales que no se aprovechen de la situación que estamos pasando por culpa de los bancos”, escribía un internauta el pasado año en un foro en la red sobre uno de los fraudes estrella de la actualidad española: las participaciones preferentes. Como él, miles de pequeños ahorradores atrapados por la comercialización de estos productos de alto riesgo pensados para inversores cualificados se sumían entonces en un mar de dudas: ¿debo acudir al arbitraje planteado? ¿Mejor ir a los tribunales? ¿Demanda individual o colectiva? Hoy, las incógnitas siguen igual de vivas. Aunque el plazo para acogerse al arbitraje de Bankia terminó el pasado 15 de julio –la entidad ha recibido 182.666 solicitudes sobre un total de 238.0000 clientes afectados–, el goteo de demandas judiciales sigue creciendo día a día. Solo hasta abril, último dato recogido en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, Bankia acumulaba cerca de 1.200 reclamaciones en los juzgados y NCG Banco, más de setecientas. Y más que habrá si los que acudan a la vía arbitral no pasan el filtro del experto o no aceptan el convenio y deciden continuar peleando en los tribunales.

PREFERENTES_apoyo1Es el caso de Francisco, un jubilado de 75 años que en 2009 invirtió 36.000 euros en preferentes de Bankia con una idea: “Pedí que mi dinero no peligrase, que pudiera perder los intereses pero nunca el principal”. Ahora, entre quitas y canjes de por medio, ha visto esfumarse de facto cerca del 70% de su inversión y quiere, como el resto de afectados, recuperar sus ahorros. A través de su hija, recaló hace un año en la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que acaba de presentar una demanda colectiva en los Juzgados de Plaza Castilla en nombre de más de 3.000 preferentistas. Pero Francisco también ha entregado los papeles para el arbitraje. “Cuando llegue el momento, decidiré por qué vía tirar”, asegura.
Por regla general, los clientes se sienten estafados y siguen estando perdidos sobre qué pasos dar para recuperar su dinero. Al calor de este problema ha surgido una retahíla de plataformas de afectados, se organizan charlas informativas masivas y si rastrea en Google sobre participaciones preferentes, encontrará parejo un listado de abogados ofreciendo sus servicios con un sugestivo reclamo: “Recupere el 100% de su inversión”. ¿Es cierto? O mejor dicho, ¿cualquier bufete es capaz de conseguirlo?

“Esto se ha convertido en un panal de rica miel al que han acudido muchos arribistas que van a aconsejar sí o sí la vía judicial”, reconocen en un bufete de larga trayectoria en Derecho bancario y mercantil que prefieren guardar el anonimato. En Bankia lo saben muy bien: la última junta general, celebrada a finales de junio, se prolongó durante seis horas por un centenar de intervenciones de accionistas, algún director de sucursal entonando el mea culpa y abogados, muchos abogados, en representación de preferentistas.

“Especialistas en Madrid somos cuatro y nos conocemos de toda la vida, el resto que veo ahora en los juzgados no sé quiénes son”, añaden desde esta firma que lleva a varios centenares de afectados. A la mente vienen casos como el de Eduardo Triviño, del bufete Triviño Abogados, firma especializada en reclamaciones por cualquier tipo de accidente –está detrás de tuaccidente.com– que se ha sumado a este carro [no ha contestado a nuestra petición para colaborar con el reportaje]. “Ya pasó con casos como el de la colza o el de Fórum Filatélico y Afinsa. Aparecieron abogados oportunistas sin adecuada preparación. Es escandaloso y explica la mala fama de nuestra profesión que se extiende a justos por pecadores”, corrobora Miguel Ángel Hortelano, socio-director de Fórum Jurídico Abogados, un bufete fruto de la fusión de dos despachos con más de dos décadas de experiencia en materia bancaria y procesal.

SEPARAR EL GRANO DE LA PAJA. El volumen de damnificados –unos 700.000– y de dinero en juego –más de 20.000 millones de euros emitidos en estos productos– constituye, sin duda, un pastel muy goloso. Y la aparición de las primeras sentencias favorables para los preferentistas no ha hecho sino alentar el reclamo.  “Algunos abogados se encubren bajo la falsa apariencia de asociación de afectados”, denuncia Fernando Herrero, responsable de Comunicación de Adicae.

Si cuando uno tiene un cáncer va al oncólogo y no a otro especialista, en el tema legal debería imperar el mismo modus operandi. “El letrado asume una gran responsabilidad pues, con frecuencia, estará defendiendo los ahorros que muchos de nuestros mayores han logrado en sus vidas. Y la materia exige una determinada formación. El denominado Derecho del consumo no forma parte del currículo universitario ni siquiera del temario de oposiciones a la Judicatura o la Fiscalía… Además, en este caso particular se mezcla con otro, bancario, muy singular”, reflexiona Eugenio Ribón, abogado especialista en protección de consumidores y árbitro de la Junta Arbitral Nacional de Consumidores. Este experto señala que desde algunos juzgados llegaba la voz de alarma porque “se estaban perdiendo demandas de gente que tenía razón por deficiencias técnicas”. Por este motivo, el Colegio de Abogados de Madrid está organizando sesiones formativas. Desde mayo lleva celebradas cinco, a las que han asistido unos 650 abogados.

Aquí, lo importante es discriminar el grano de la paja. Y qué mejor que hacer una prueba in situ para sondear el mercado. Llamamos a EcoUrban, uno de los siete bufetes adscritos a la Asociación de Afectados del Banco CEISS, en León, especializado, según reza en su página web, “en diversos campos del Derecho, en especial, en materia ambiental, urbanística e inmobiliaria”. Exponemos el caso a la persona que atiende el teléfono.  Lo primero que nos aconsejan (no sabemos si quien nos atiende, un hombre, es abogado o el recepcionista de turno) es contactar con la asociación para despejar todas la dudas y hacernos miembros porque el precio “es más económico”. Para sentencias sin condena en costas, 200 euros sin IVA para inversiones hasta 10.000 euros y, a partir de ahí, se abona el 2% de la cantidad recuperada, más 150 euros para el procurador. Y si la condena es desfavorable con costas, los socios abonarán doscientos euros al abogado y cien euros al procurador. “La plataforma coordina los trámites y los documentos, y los despachos hacemos el trabajo jurídico”, dice. Esa explicación nos permite introducir una inquietud por el grado de preparación de un bufete especializado en materia urbanística. “La anulación del contrato por vicio de consentimiento no es de una complejidad elevada. La batalla está en acreditar bien los hechos  a cada contratación”, responden desde el otro lado del teléfono.

Una respuesta que rebaten desde despachos como V Abogados, una firma creada en 2010 y que forma parte de una red de bufetes nacional a través de la web abogadospreferentes.com. “Esto es un tema muy serio. El banco pone mil y una excepciones. Es una jungla e influye mucho quién lleve el pleito. Se van a perder juicios por temeridad”, sostiene Santiago Viciano, socio fundador de esta firma que el pasado año creó un consejo académico y una comisión de estudio de preferentes con magistrados, catedráticos y profesores universitarios especializados. Con ellos, la minuta sube considerablemente. “No competimos en precio sino que damos un servicio de garantía. Y si no veo caso, no lo cojo”, explica. Para un inversor que recupere la totalidad invertida, pongamos, 20.000 euros, la factura rondará los 3.500 euros, incluido el 5% de prima de éxito sobre lo recuperado. Eso sí, la cuota fija, que se determina en función de la reclamación, se puede pagar hasta en treinta mensualidades. “Si apenas te cobran el tratamiento no puede ser personalizado. No se puede dar al rodillo de imprimir demandas cambiando solo el nombre. Eso es un engaño”, añade Hortelano.

¿ARBITRAJE O DEMANDA? Llegados a este punto algunos abogados se quejan de rumores interesados para generar miedo y son muchos los que, en casos concretos y muy evidentes –que se ajusten a los criterios fijados por el FROB y para inversiones menores a 10.000 euros–, recomiendan acudir al arbitraje. Pero incluso así, insisten también en no hacerlo a ciegas, sino asesorado. “El cliente tiene cinco líneas para hacer sus alegaciones y la entidad puede presentar hasta quince folios. La gente quiere ahorrarse el dinero del abogado pero confía de nuevo en quien le vendió el producto”, reflexiona Viciano. De los 600 clientes que lleva en Madrid, la mitad ha ido al arbitraje y la otra mitad, a los tribunales.

Pero también son muchas las voces críticas con un sistema, dicen, pervertido desde el inicio. “Desde el punto de vista económico, el arbitraje es un mayúsculo fraude para los afectados y desde la óptica jurídica, una aberración simplemente ilegal”, señala Ribón, abogado y árbitro. Éste y otros muchos expertos y asociaciones como Adicae señalan algunas deficiencias: no es universal sino aceptado individualmente por la consultora KPMG –la misma que avaló la salida a Bolsa de Bankia o le asiste en los juicios– y permite a la banca ahorrarse las costas. Además, la lectura de criterios como menores de edad o discapacitados que han firmado sin la intervención de sus representantes, reconocimiento de la entidad de haber informado incorrectamente o inexistencia de contrato “obligan al árbitro a remitir el caso al juzgado o a la Fiscalía por la posible concurrencia de indicios racionales de delito”, apunta Ribón.

Aunque hasta la fecha los laudos arbitrales están siendo favorables al cliente, Hortelano advierte de que es una imagen engañosa. “Son los casos más evidentes, pero luego vendrá una segunda oleada de los que se han quedado fuera. Además, el arbitraje está circunscrito solo a la cuestión de la nulidad del contrato y puede ocurrir que algún árbitro rigorista diga que ha caducado y ya no cabe recurso”, alerta. Por eso, junto a la nulidad por vicio de consentimiento, ganan peso motivaciones como la de resolución del contrato por incumplimiento –es clave la sentencia del Tribunal Supremo contra el BBVA por la venta de preferentes de Lehamn Brothers–, las prácticas abusivas en la comercialización y el conflicto de interés –un informe de la CNMV señala que Caja Madrid y Bancaja incumplieron la ley al colocar preferentes a pequeños ahorradores a un precio que no correspondía–.  Algunos bufetes, incluso, han acudido a la vía penal para lograr pruebas de la mala praxis: si el banco actuó mal y causó daño, debe indemnizar. La batalla sigue abierta.

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