Economía General

Las reformas de Suárez. Reflexión sobre lo que se hizo, o no se hizo, bien. Por Juan Velarde Fuertes.

La política económica de la etapa presidencial de Adolfo Suárez tenía, enfrente, multitud de problemas mayúsculos. Por un lado, el derrumbamiento de la industria, como consecuencia, no sólo del choque petrolífero, sino del encarecimiento de las materias primas en los mercados mundiales. Simultáneamente, como se evidenció en la polémica entre Álvarez Rendueles y Enrique Barón, ocurrió un formidable choque salarial acompañado de un considerable número de huelgas. Añádase a esto, dificultades de tipo presupuestario, el inicio de un paro creciente y lo que se podría calificar de desconcierto empresarial. Tanto en la última etapa del gobierno de Carrero Blanco, como en la de Arias Navarro, y después, con Carriles en Hacienda, en la inicial de Adolfo Suárez, habían surgido, sobre todo desde los ministerios económicos, planteamientos radicalmente dispares. Automáticamente, los dirigentes de las empresas detienen estos planes, en espera de que el Sector Público se aclare. Finalmente, como una culminación de todo ello, la Banca privada, en un porcentaje apreciable, comienza a hundirse, sin respetar incluso a algunas entidades crediticias de grandes dimensiones.

Esta especie de desbarajuste, preocupante en grado sumo, trataba de frenarse, ante la opinión popular, con la incorporación a Europa, que se plantea por el Gobierno en una doble dirección. Por un lado, con acuerdos, un tanto multiformes, con el conjunto de los países de la EFTA. Por otro, con el inicio formal de conversaciones en Bruselas con la Comunidad Económica Europea, que muy pronto tuvo una clara oposición francesa, personificada entonces  -después vendría la de Mitterrand-  por Giscard d’Estaing.

El personaje clave, del que echa mano Suárez, para empezar a poner orden, es Fuentes Quintana. Su labor, en los pocos meses que estuvo en la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, fue extraordinaria. Por un lado logró que la opinión española se diese cuenta de la gravedad del problema, que podía acabar generando algo así como una crisis irreversible. También, a través de colegas muy expertos que pasaban a ocupar puestos de alto asesoramiento en los nacientes partidos políticos –Ramón Tamames y Julio Segura en el PCE; Sánchez Ayuso en el PSP; Solchaga en el PSOE, con Lluch en el PSC; Mariano Rubio en UCD, y Guillermo Piera en AP-, comenzó a plantear una especie de gran acuerdo, que recibiría el nombre de Pacto de La Moncloa. Derivado de él, se originó un freno a la subida salarial –aunque no se redujo, como pretendía Fuentes, la rigidez del mercado laboral-  y se puso en marcha, por Francisco Fernández Ordóñez, la reforma tributaria contenida en el Libro Blanco que, comenzado en tiempos de Alberto Monreal como ministro de Hacienda, y explicado concienzudamente en el discurso de ingreso de Fuentes Quintana en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, había sido ultimado por el ministro Villar Mir en el último gobierno de Arias Navarro ya en el reinado de Juan Carlos I.

Todo esto fue importante, así como la puesta en marcha de una reestructuración bancaria, a costa del gasto público, por supuesto, y con las decisiones, en 1977, de ampliación del ámbito de actuación de las Cajas de Ahorros, que más adelante provocaría una crisis importante.

Hay que añadir que, en esta etapa, se comenzó a yugular el proyecto de abaratamiento de la energía derivado del Primer Plan Energético Nacional, que se debía a los ministros de Industria de la etapa anterior, Santos Blanco y Álvarez Miranda. Concretamente, como consecuencia de repetidos choques con Oliart, el ministro de Industria del Gobierno Suárez, y con otros colegas preocupados porque la acción ecologista-socialista-comunista creaba pánico en las zonas donde tenían que instalarse las centrales nucleares –por ejemplo, fue claro el caso de Extremadura-,  Fuentes Quintana abandonó el Gobierno.

El conjunto es una suma algebraica de aciertos muy positivos y de huidas ante lo que suponía herir susceptibilidades políticas. Por ejemplo, no se logra articular perfectamente en la Constitución, la economía de las autonomías que aparecen por primera vez en el panorama nacional, y ante las empresas públicas no termina de cuajar una política privatizadora, congruente con la ampliación de una economía libre de mercado. La incorporación a la CEE avanza con desesperante lentitud.

¿Hubiera podido llevar adelante otra política económica? Da la impresión de que hubiera sido imposible, como consecuencia de que la crisis económica había sido ya muy larga y dejado por ello escollos que impedían una marcha adecuada, y porque una serie de personalidades políticas buscaron, a veces del modo disparatado de Nicolás Sartorius, desde Comisiones Obreras, éxitos inmediatos para ellas, con desprecio hacia lo que se debía llevar a cabo. ¿Es posible olvidar las marchas y contramarchas que en relación con la firma de los Pactos de La Moncloa adoptó Felipe González? En sentido opuesto, no cabe dejar a un lado el papel, en conjunto positivo, que tuvo la alemana Fundación Ebert. Por eso, han de atenuarse mucho las críticas, como por ejemplo, la de Bernardo de Quirós, sobre la política económica de la etapa de Adolfo Suárez.

De lo anterior creo que se deduce –no es posible enjuiciar de otro modo la etapa de la presidencia de Adolfo Suárez-, y tomo la expresión de Jaime Terceiro, “que una decisión política razonable no necesariamente lleva a una buena decisión económica”.